Ilustración: Giovanni Tazza

Columna de opinión de la investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), Paula Muñoz y la profesora de la misma casa de estudios, Ana Neyra, publicada en El Comercio.

El bicentenario encuentra al Perú en un contexto de crisis múltiple, con la pandemia aún presente, crisis económica y una ya constante crisis política. Este complejo escenario debe precisamente motivar la reflexión sobre qué ha pasado y qué nos falta para lograr el desarrollo de nuestra agrietada nación. Esto implica delinear una agenda de reformas pendientes que incidan no solo en lo económico, sino, también, en lo político-institucional.

A este fin busca contribuir el proyecto Agenda Bicentenario y el libro que resulta de este: “En búsqueda de un desarrollo integral: 20 ensayos en torno al Perú del Bicentenario”, producido desde el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en el que nosotras también participamos como autoras del capítulo “Retos para una reforma de la institucionalidad política peruana”, cuyas ideas centrales sintetizamos.

La precariedad organizativa de los actores políticos –partidos y Estado– es el telón de fondo en el que se desarrolla la democracia peruana de los 2000. Al amparo de un crecimiento económico sostenido durante casi dos décadas no hicimos mucho para cambiar el rumbo de la política. Todo lo contrario: El statu quo echó raíces. Una institucionalidad estatal débil, sin partidos organizados, con visiones cortoplacistas y recursos abundantes dieron una receta perfecta para más bien institucionalizar un ciclo político-electoral vicioso en el que, lamentablemente, la corrupción fue una pieza clave.

Los buenos tiempos económicos nos permitieron mirar hacia un lado hasta que un shock externo nos golpeó a fines de 2016: el escándalo internacional de la investigación del caso Lava Jato. A este siguió otro gran destape doméstico: los Cuellos Blancos. Estos eventos abrieron una oportunidad política para discutir más seriamente los componentes de reforma política pendiente en el país.

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Columna de opinión de la directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, Rosario Santa Gadea, publicada en El Comercio.

En 2021 se cumplen cincuenta años de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. Por tanto, cabe preguntarse ¿cuál es la agenda de esta relación para las próximas décadas?

Para ello, es necesario analizar la transformación de la economía china, su rumbo futuro y su proyección económica internacional a fin de diseñar una estrategia que renueve el patrón todavía tradicional de nuestras relaciones económicas, caracterizadas principalmente por la exportación de materias primas y la inversión en sectores extractivos.

China se ha convertido en la segunda economía del mundo, después de Estados Unidos. Su fortaleza se basa, entre otros, en ser la economía que ha tenido el mayor crecimiento de la productividad en Asia-Pacífico en los últimos 30 años.

El proceso de transformación chino involucró su creciente participación en los sistemas de producción a nivel mundial. A ello contribuyeron las zonas económicas especiales (ZEE) creadas en el marco de las reformas económicas y la apertura iniciadas en 1978. En 2019, China contaba con 2 543 ZEE que representan casi la mitad de las que existen en el mundo, lo que revela su importancia para atraer inversiones e incentivar exportaciones.

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Foto: GEC

Columna de opinión de los investigadores CIUP, José Caro John y Daniel O. Huamán Castellares, publicada en El Comercio.

¿Se imagina usted ser minero, no pagar impuestos, no pagar por el mineral que extrae, no ser sancionado por los daños al ambiente, y, por último, no ser perseguido penalmente por ello? Esta situación que parece surreal es la que nuestro sistema jurídico ha promovido con la creación del proceso de formalización minera, el cual –sin desearlo– incentiva a precisamente a lo contrario: ser informal y recibir por ello todos los beneficios de la formalidad.

Los orígenes del problema se remontan al año 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala decidió afrontar el problema de la minería ilegal. Para ello creó un sistema transitorio de formalización minera. En virtud de dicho sistema el minero informal podía alcanzar la legalidad si cumplía los siete requisitos exigidos.

Asimismo, para incentivar a que los mineros informales se acogieran a este sistema emitió el Decreto Legislativo 1102, el cual impide la sanción penal del minero ilegal que se acoja al proceso de formalización minera. Hasta la actualidad, al amparo del Decreto Legislativo 1351, dicho beneficio sigue vigente.

La legitimidad constitucional de esta exención de pena es muy discutible, pues tolerar –aunque fuere transitoriamente– la minería ilegal implica aceptar la afectación del derecho fundamental a un ambiente sano y saludable, acción que es mucho más visible en nuestra Amazonía.

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Foto: GEC

Columna de opinión de los investigadores CIUP, María Angela Prialé y Jorge Dávalos, publicada en El Comercio.

En julio del 2021, el Perú conmemora 200 años de su independencia en medio de una crisis generada por la pandemia del COVID-19 y de un proceso electoral polarizado. Frente a esta coyuntura, los distintos sectores de la sociedad han reconocido que, si bien es importante generar riqueza para salir de la pobreza, ello no es condición suficiente para lograr desarrollo, un concepto que trasciende lo estrictamente económico. Ello genera la necesidad de prestar atención a la evolución de indicadores de bienestar social que complementen los indicadores tradicionales de crecimiento.

Además, ya que conseguir mejoras en el bienestar requiere coordinación de esfuerzos públicos y privados (Estado y mercado) el Estado y las empresas son llamadas a asumir un nuevo paradigma de actuación. En palabras de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), para evitar que el mundo sea aún menos sostenible, menos equitativo y más frágil debemos forjar cimientos completamente nuevos sobre los que sustentar nuestros sistemas económicos y sociales.

La literatura académica identifica múltiples mecanismos que desde el mercado suman para conseguir el tan ansiado “bienestar”; uno de ellos sugiere al emprendimiento de mujeres como mediador de la creación de riqueza acompañada de una mejora en las condiciones de vida. Las mujeres emprendedoras tenderían a crear empresas que buscan equilibrar la obtención de beneficio económico con objetivos de creación de valor social y ambiental.

Una empresa social es una organización privada y formal que tiene como propósito central atender un problema social o ambiental a través de un modelo de negocio. Las empresas sociales operan con una lógica organizacional de valor múltiple. Es decir, integran a la creación de valor comercial una mirada prosocial (organizaciones con fines de lucro), y a la lógica prosocial la autosostenibilidad económica (organizaciones sin fines de lucro) producto del intercambio comercial.

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Foto: Andina

Compartimos con ustedes la última columna de opinión de Bruno Seminario, en coautoría con Luis Palomino, publicada en El Comercio.

La concentración de la población en Lima posiblemente fue una barrera importante para el éxito de las cuarentenas que buscaron contener el avance del COVID-19. Esto es así porque la crisis sanitaria tenía altas probabilidades de generar efectos diferenciados en las familias, debido a la presencia de distintos tipos de empleo en el mercado laboral urbano.

En primer lugar, gran parte de las personas con empleos en empresas grandes posiblemente pasó del trabajo en oficina al teletrabajo y, de esta manera, disminuyeron las probabilidades de contagio en sus familias. En segundo lugar, un determinado porcentaje de personas con empleos en empresas medianas, pequeñas y microempresas posiblemente perdió sus empleos. Este grupo posiblemente utilizó sus ahorros para los primeros días de cuarentena, pero a medida que esta se extendía, ya no podían asumir los costos de vida en la ciudad así que se vieron obligados a desplazarse a sus pueblos de origen llevando consigo el virus hacia otras regiones del país. En tercer lugar, las personas que viven del día a día en sus pequeños negocios, o se encuentran en el sector informal, no tuvieron más alternativa que salir a la calle, incluso sin las medidas de protección recomendadas, para poder generar ingresos que les permitieran subsistir; por lo mismo, estas personas tenían alta probabilidad de transportar el virus de una región a otra, tanto en Lima como en los otros departamentos del país.

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Columna de opinión de los investigadores CIUP, Elsa Galarza, Joanna Kámiche Zegarra y José Luis Ruiz, publicada en El Comercio.

El año del Bicentenario de la Independencia del Perú nos encuentra con algunos avances en lo que se refiere a la competitividad y el desempeño ambiental. Por un lado, el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial ubicó al Perú en el puesto 65 de un total de 141 países en el año 2019. Su fortaleza fue la estabilidad macroeconómica y sus debilidades fueron la la capacidad de innovación, la adopción de tecnología y la calidad de las instituciones.

De otro lado, en el Índice de Desempeño Ambiental del Centro de Legislación y Política Ambiental de la Yale University, el Perú ocupó la posición 64 de 181 países, teniendo los mejores resultados en la protección de la biodiversidad, a través de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, muchos ven la competitividad y el desempeño ambiental como dos objetivos contrapuestos, cuando en realidad, lo que se requiere es tender puentes para lograr la competitividad, pero con sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la competitividad, el Perú aprobó en el 2019 la Política Nacional de Competitividad y Productividad, así como el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, y el Plan Nacional de Infraestructura. Estos instrumentos buscan priorizar y articular las inversiones para potenciar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo en el país, desde una perspectiva sectorial y territorial. Sin embargo, para que dichos instrumentos contribuyan a la búsqueda del desarrollo sostenible requiere que las políticas de competitividad incorporen el enfoque ambiental de manera transversal, buscando un adecuado balance entre crecimiento y bienestar.

Se debe romper la percepción de que la regulación ambiental y el crecimiento económico están contrapuestos. Proponer que primero se debe buscar el crecimiento económico y luego preocuparse por el ambiente olvida que esa secuencia traerá costos mayores para la sociedad, porque los impactos negativos ya serán evidentes.

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(Foto: Ferias Agropecuarias Mistura)

Columna de opinión del investigador CIUP, Mario Chong, publicada en El Comercio.

En el Perú, más del 80% de lo que consumimos viene del campo de la costa, sierra y selva. Debido a la coyuntura de pandemia, hoy existe una nueva preocupación por la seguridad alimentaria y estamos obligados a mirar al campo, a nuestros agricultores y su contribución para mantener el flujo de los alimentos de cada día. La papa, como principal producto agrícola andino y fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales es el mejor referente para reflexionar sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la agricultura.

El Perú es el primer productor de papa en Latinoamérica y el puesto 14 a nivel mundial, con una producción de 5,3 millones de toneladas en el 2019. Esta producción sostiene la economía de más de 700 mil familias, especialmente en la sierra, donde se concentra el 90% de la producción nacional. Con un consumo per cápita de 89 kilos al año, es evidente el rol protagónico que tiene este tubérculo en nuestra calidad alimentaria.

A pesar de la crisis que enfrentó nuestra economía con la llegada del coronavirus al Perú, la respuesta de nuestros agricultores fue “El campo no para”. Evidencia de ello es el abastecimiento comparativo de papa del Gran Mercado Mayorista de Lima en 2020 con 622.965 toneladas ™, superior a lo abastecido en 2018 (613.219 tm) y 2019 (618.327 tm).

El documento de política Los aportes de la papa en el pasado, presente y el futuro del Perú para el proyecto Agenda Bicentenario: Aportes para un desarrollo sostenible, surgió con el fin de fortalecer nuestra identidad, reconocer la expresión de nuestra pluralidad étnica y cultural a través de la producción, procesamiento y consumo de la papa. Con la colaboración de Celfia Obregón (Cite Papa) y de Eduardo Buse (UNMSM), este documento busca generar cambios en el país y ser de gran utilidad para contribuir al desarrollo del Perú con miras a sus próximos 200 años.

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Foto: Diana Chávez | GEC

Columna de opinión del investigador CIUP, Oscar Malca, publicada en El Comercio.

El impacto del COVID-19 a nivel mundial ha significado un fuerte debilitamiento del comercio tanto para bienes como para servicios. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2020), el valor del comercio internacional de mercancías disminuyó en 5,6% en comparación al 2019 siendo la mayor caída desde la crisis mundial del año 2009. De igual manera, en el sector servicios la disminución fue de 15,4% en comparación al 2019 y representa la mayor caída desde la década del 90.

Sin embargo, el Perú a pesar de la crisis sanitaria mundial, y en un año muy turbulento como fue el 2020, ha logrado destacar en el ránking de las exportaciones. Así, respecto de los productos no tradicionales hemos ocupado a nivel mundial el primer lugar en las exportaciones de arándanos y quinua.

El segundo lugar en paltas frescas, espárragos frescos, espárragos en conserva, pota procesada, castañas peladas frescas, lacas colorantes. El tercer lugar en pota y calamar congelado, fosfato de calcio, jengibre entero, algas marinas, conservas de anchoas. El cuarto lugar en uvas frescas, mangos frescos, arvejas frescas, óxido de boro, maderas tropicales molduradas. El quinto lugar en pulpa de fruta congelada, filetes de trucha congelados, leche evaporada. (Mincetur-Promperú, 2021).

Según la misma data de Promperú, durante el año 2020, once regiones del Perú han tenido crecimiento exportador positivo, destacando por el valor exportado las regiones de Ica, La libertad y Lambayeque las cuales lideran la exportación regional. No obstante, estos resultados deben ser mejorados y hacerlos sostenibles, para lo cual es necesario analizar no solo la evolución de los productos en los mercados, sino también estudiar las causas del desempeño exportador alcanzado. Es importante, asimismo, analizar el comportamiento y la gestión de la internacionalización de la empresa peruana.

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